Consultorio Jurídico logra fallo que garantiza medicamento de alto costo para usuaria con leucemia

El Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte logró recientemente un resultado de alto impacto social: la entrega efectiva de un medicamento esencial para una mujer de 57 años diagnosticada este año con leucemia, quien enfrentaba barreras persistentes por parte de su EPS para acceder al tratamiento. La gestión jurídica la adelantaron Jerónimo Zapata Giraldo, estudiante de décimo semestre de Derecho, y el docente asesor Fabián Díaz Hernández, del área de Seguridad Social.

El fallo judicial ordenó a la EPS la entrega integral de los medicamentos requeridos, entre ellos uno de muy alto costo, valorado en aproximadamente 28 millones de pesos por tableta. La entrega se cumplió en las últimas horas, tras varios incidentes de desacato, lo que representa para la usuaria una oportunidad real de continuar su tratamiento.

Cómo llegó el caso al Consultorio Jurídico

La usuaria es una mujer residente en Riohacha, cuyo estado de salud comenzó a deteriorarse rápidamente en enero de este año. Tras múltiples exámenes en su ciudad sin obtener diagnóstico claro, fue trasladada a Barranquilla, donde en la Clínica La Misericordia finalmente se confirmó que padecía leucemia. Su situación física era crítica: había perdido alrededor de 10 kilos, presentaba debilidad severa y requería medicamentos inmediatos para continuar su tratamiento.

Ante la imposibilidad de desplazarse, la usuaria acudió al Consultorio Jurídico a través de sus canales virtuales. Allí, un adjudicante —egresado del programa de Derecho que realiza su judicatura en el consultorio— hizo el filtro inicial y asignó el caso a Jerónimo. Debido a que se trataba de un tema de salud y seguridad social, el caso quedó bajo supervisión del docente asesor Díaz Hernández.

El mayor reto: vencer las trabas de la EPS

Según Jerónimo, lo más desafiante fue la serie de negativas y demoras de la EPS. “Ya se había hecho la solicitud de medicamentos directamente ante la EPS y fue negada. Luego presentamos una acción de tutela, se dictó una medida provisional y aun así no la cumplieron. Con dos y tres incidentes de desacato, uno siente que la EPS no quiere cumplir”, evoca.

El proceso se extendió durante casi todo el semestre académico y exigió radicar la petición inicial ante la EPS, interponer la acción de tutela, solicitar medidas provisionales, presentar múltiples incidentes de desacato ante el incumplimiento, y elaborar memoriales y envíos constantes al juzgado para impulsar el proceso.

La tutela fue presentada el 2 de octubre, y aunque la sentencia obligaba a la entrega de medicamentos, esta no se concretaba. La salud de la usuaria seguía deteriorándose y las dosis disponibles estaban por agotarse: le quedaban entre 5 y 6 tabletas, recuerda Jerónimo.

“La situación del sistema de salud este año ha sido compleja. Hay demoras, desabastecimientos y barreras que afectan directamente a pacientes. Existía el miedo de que, incluso con fallos favorables, la EPS no cumpliera”, comenta el docente.

Finalmente, después del último incidente de desacato, el juez ordenó nuevamente la entrega inmediata. Esta vez sí ocurrió: en menos de 24 horas, la usuaria recibió todos los medicamentos en la casa donde permanece temporalmente en Barranquilla.

El medicamento de 28 millones de pesos

El medicamento más costoso —una tableta cuyo valor asciende a 28 millones de pesos— había sido suministrado inicialmente por la fundación Conectando Juntos, articulada con la Clínica La Misericordia. Sin embargo, la continuidad del tratamiento dependía de la autorización de la EPS.

Aunque la paciente tenía una primera dotación, el Consultorio Jurídico presentó la tutela porque el acceso no estaba garantizado y la interrupción del tratamiento afectaría de manera inmediata su estado de salud.

Siguiendo recomendación del docente asesor, el equipo también solicitó que se reconociera el tratamiento integral, figura jurisprudencial que busca garantizar que el paciente reciba de manera continua todos los exámenes, medicamentos y servicios necesarios durante el tiempo que dure la enfermedad.

El juez, sin embargo, no otorgó esta solicitud en primera instancia, argumentando que concederla implicaría reconocer negligencia sistemática por parte de la EPS. El equipo del consultorio tenía previsto insistir en esta solicitud si persistía el incumplimiento, pues la EPS ya acumulaba varias órdenes judiciales sin acatar. Sin embargo, la entrega final se produjo antes de que fuera necesario presentar un desacato adicional por este punto.

Un aprendizaje académico y humano

Para Jerónimo, este caso transformó su experiencia en el consultorio. “Siempre quise ver el consultorio como un servicio social real, no solo como un requisito. Acompañar este caso me permitió ver cómo el derecho puede cambiar la vida de alguien. Sentí una gran tranquilidad cuando la hija de la usuaria me confirmó que los medicamentos habían llegado”, expresa con orgullo el estudiante.

Díaz Hernández resalta que los estudiantes actúan como abogados por excepción, pero siempre bajo supervisión estricta. “Ningún estudiante puede emitir un documento jurídico sin autorización del asesor. Ellos redactan, pero la responsabilidad final es compartida y guiada por el docente”.

Aunque el consultorio está ubicado en Barranquilla, este caso demuestra una vez más su alcance. La usuaria llegó desde Riohacha, y también existen remisiones frecuentes de instituciones como el Ministerio del Trabajo y distintas clínicas públicas y privadas.

El consultorio atiende a personas principalmente de estratos 1 y 2, y excepcionalmente a personas de estrato 3 cuando —como en este caso— el costo y la urgencia del tratamiento exceden por completo las posibilidades de cualquier usuario.